Certificaciones obligatorias de gas y ascensores: qué debe controlar un administrador
Entre todas las funciones que la Ley 21.442 le asigna al administrador, hay una que no admite postergación: cuidar los bienes comunes y gestionar las certificaciones obligatorias de instalaciones como el gas y los ascensores. No son trámites opcionales — son requisitos de seguridad con consecuencias legales si se dejan vencer.
Por qué existen estas certificaciones
Las instalaciones de gas y los ascensores son, junto con los sistemas eléctricos, los elementos de un edificio con mayor riesgo si fallan sin control. Por eso están sujetos a revisiones periódicas por organismos y técnicos autorizados — revisiones que certifican que la instalación sigue siendo segura, no solo que funciona.
El problema real: no es la certificación en sí, es el olvido
En la práctica, el riesgo más común no es desconocer que existe la obligación, sino perder de vista la fecha exacta de vencimiento entre decenas de otras tareas del edificio. Una certificación vencida por descuido administrativo genera la misma exposición legal que si nunca se hubiera hecho.
Qué conviene llevar registrado
- La fecha de la última certificación de cada instalación, y quién la realizó
- La fecha en que vence o corresponde renovar
- El respaldo documental (el certificado mismo), disponible para mostrar ante cualquier fiscalización o duda de un residente
- Un historial de mantenciones, no solo de la última — para detectar patrones, como una instalación que falla siempre en la misma época
Una buena práctica adicional
Avisar a los residentes con anticipación cuando una certificación requiere detener el ascensor o cortar el suministro de gas, aunque sea por horas, evita quejas innecesarias y demuestra que la mantención se está gestionando activamente, no de forma reactiva.
EDIFINEX avisa automáticamente cuando se acerca la fecha de una mantención o certificación pendiente, para que nunca dependa de la memoria de una sola persona.
Solicitar demo gratuitaEste artículo es informativo y no constituye asesoría legal. La normativa y sus plazos de exigibilidad pueden actualizarse; para decisiones específicas de tu comunidad, consulta a un abogado especializado en copropiedad inmobiliaria o directamente con el MINVU.